Leyes injustas en españa

Leyes injustas en españa

Leyes en españa 2020

Si está planeando estudiar en el extranjero en España, querrá que sea una experiencia que recuerde el resto de su vida, pero no porque haya sido víctima de las leyes españolas.    Aunque puede resultar obvio que algunas acciones te van a acarrear problemas, como ocurriría en cualquier otro país, algunas de las leyes españolas pueden resultar chocantes. Aquí tienes diez importantes que debes conocer.
La policía en España tiene derecho a pedirte el DNI.    Si no puedes proporcionarlo, o ignoras la petición de que lo entregues, es muy posible que te veas en el interior de una celda policial.    Asegúrate de llevar siempre algún tipo de identificación con fotografía, como el pasaporte, y nunca des motivos a un policía para acusarte de «desobediencia».
Como la mayoría de los países europeos, España es intolerante con el abuso de sustancias.    Poseer incluso una pequeña cantidad de drogas puede llevar a tu arresto y, dependiendo de las cantidades, podrías enfrentarte a una fuerte sentencia de prisión.    No merece la pena.
Por muy bueno que sea el lugar que has elegido para estudiar, también querrás explorar los alrededores y eso puede implicar el alquiler de un coche.    Si usas gafas, también tendrás que llevar un par de repuesto en el coche.    Pero, sobre todo, ¿sabías que nunca debes ponerte al volante con chanclas?    En España está prohibido conducir con un calzado que no cubra totalmente los pies.

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España extraña

Existe una legislación general para todo el territorio español y una legislación específica para cada Comunidad Autónoma, que sólo se aplica a ese territorio.    Además, hay que añadir algunas normas por sectores y la legislación de la Unión Europea.
La nueva actualización de la Ley de Consumidores añadió una nueva categoría, la de «consumidores vulnerables», referida a las personas que, individual o colectivamente, por sus características, necesidades o circunstancias personales, y económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o tienen una desprotección que les impide ejercer sus derechos como consumidores en igualdad de condiciones.
Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos exigidos por la legislación nacional, o por las Comunidades Autónomas que cuenten con legislación autonómica, son las encargadas de defender los legítimos derechos e intereses de los consumidores, incluyendo su información, formación y educación, bien con carácter general, bien en relación con determinados productos o servicios.    También son los únicos autorizados a actuar en nombre y representación de los consumidores y usuarios.

Leyes y reglamentos españoles

Los empleados tienen derecho a la protección y al respeto de su intimidad y a la debida consideración de su dignidad, incluida la protección contra el acoso. El acoso por motivos de origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual del empleador o de las personas que trabajan en la empresa se considera un incumplimiento de contrato. El empresario podría enfrentarse a una reclamación por despido constructivo, que básicamente daría derecho al empleado a la misma cantidad que un despido improcedente, si el trabajador aporta a los tribunales pruebas serias de las actividades de acoso por parte del empresario. Esta reclamación puede complementarse con una acción por daños morales contra la empresa.
Los empresarios están obligados a adoptar las medidas adecuadas para adaptar el lugar de trabajo y la accesibilidad de la empresa, en función de las necesidades de cada situación concreta, con el fin de permitir a las personas con discapacidad el acceso al empleo, el progreso en el trabajo y el acceso a la formación, salvo que dichas medidas supongan una carga desproporcionada para el empresario. Para determinar si una carga es excesiva, el tribunal estudiará si, en caso de que se adopte, se subsana suficientemente con medidas, ayudas o subvenciones públicas para las personas con discapacidad. La normativa española obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a reservar una cuota del 2% de su plantilla a personas con discapacidad.

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Leyes extrañas en méxico

César Igual Coll fue absuelto de no pagar la manutención familiar, porque estaba en paro y no tenía dinero. Sin embargo, su caso fue recurrido. El tribunal de apelación no celebró ninguna audiencia pública y no se le tomaron pruebas. Sin embargo, César fue condenado a prisión. El tribunal europeo dictaminó que se le había negado un juicio justo. Se hicieron cambios para proteger los juicios justos en España.
El senador Miguel Castells escribió un artículo en el que denunciaba que el gobierno no investigaba una serie de asesinatos. Fue declarado culpable de insultar al gobierno y condenado a un año de prisión. El tribunal europeo dictaminó que se había violado su derecho a la libertad de expresión. El Tribunal Constitucional español desarrolló entonces su jurisprudencia para dar mayor protección a la libertad de expresión en España.
Cuando María Iglesias Gil tuvo un hijo de su ex marido, se le concedió la custodia del niño. Sin embargo, su ex marido se llevó al niño a Estados Unidos. Cuando la Sra. Iglesias Gil acudió a los tribunales españoles, éstos se negaron a emitir una orden de detención internacional y archivaron el caso. El Tribunal de Estrasburgo dictaminó que esta decisión había vulnerado el derecho a la vida familiar de la Sra. Iglesias Gil.