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El informe Media Pluralism Monitor 2020 pide a las autoridades españolas que deroguen o modifiquen las leyes que restringen la libertad de expresión e información, que garanticen la protección y seguridad de los periodistas, y la necesidad de un mayor reconocimiento de las minorías.
El Centro para el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación alerta de una «situación preocupante» en relación con la libertad de expresión y la protección del derecho a la información en España, tras la publicación del Monitor de Pluralismo Mediático 2020 el pasado 23 de julio. Durante la presentación del informe, la vicepresidenta de la Comisión de Valores y Transparencia, Vera Jourova, afirmó que «necesitamos proteger mejor a los periodistas y aumentar la transparencia y la equidad en el mundo online» y, junto con el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, pidió a los Estados miembros que ayuden a invertir la tendencia de erosión de la libertad de prensa y de expresión.
Esta edición destaca el deterioro de la situación en España desde el informe de 2017. La institución califica de «a menudo débiles e ineficaces» los intentos de las autoridades españolas de aplicar una legislación que garantice el pluralismo de los medios de comunicación, y denuncia la necesidad de derogar o reformar el Código Penal y la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana (también conocida como Ley Mordaza), sumándose al llamamiento de numerosas ONG internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Reporteros sin Fronteras, instituciones internacionales como el Consejo de Europa, así como las representaciones de varios países en el Examen Periódico Universal de la ONU sobre España a principios de 2020.

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Asesinatos; secuestros; amenazas y actos de violencia contra la integridad física de los periodistas, sus familiares y otros actores de los medios de comunicación; ataques contra las fuentes de los periodistas a causa de su cooperación con los periodistas o los medios de comunicación.
Acoso a periodistas y a otras instituciones o actores de los medios de comunicación; violencia o injerencia que provoque daños o destrucción de los equipos u otros bienes de los periodistas; ejercicio punitivo o vengativo de los poderes fiscales o administrativos de investigación; denegación arbitraria del acceso para la cobertura periodística; amenazas a la intimidad de los periodistas, amenazas a la situación laboral, maltrato psicológico, intimidación, acoso en línea y ciberacoso;
Intimidación judicial: uso oportunista, arbitrario o vejatorio de la legislación, incluidas las leyes sobre difamación, antiterrorismo, seguridad nacional, gamberrismo o antiextremismo; emisión de acusaciones falsas o inventadas;
Bloqueo injustificado o indiscriminado de sitios web o plataformas de medios sociales, piratería informática y vigilancia o interceptación de datos de comunicaciones de periodistas sin el debido proceso de autorización, etc.

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La libertad de prensa es el derecho de los periódicos, revistas y otros impresos a publicar noticias sin ningún tipo de control por parte del gobierno.[1] La libertad de prensa en España, una Monarquía Constitucional con Democracia Parlamentaria, está garantizada en el artículo 20 de su Constitución redactada en 1978, tras la dictadura del General de Francisco Franco que terminó en 1975. España ha sido clasificada por el World Press Freedom en el puesto 29 en 2017.
Además, el Estado español también ha mencionado en el artículo 149 de su Constitución que tendrá competencia exclusiva sobre las siguientes materias: «Las normas básicas relativas a la organización de la prensa, la radio y la televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas para su desarrollo y ejecución»[2].