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Sentencia del Tribunal (Gran Sala) de 20 de diciembre de 2017.#Asociación Profesional Elite Taxi contra Uber Systems Spain, SL.#Solicitud de decisión prejudicial del Juzgado Mercantil de Barcelona. #Solicitud de decisión prejudicial – Artículo 56 TFUE – Artículo 58, apartado 1, TFUE – Servicios en el ámbito de los transportes – Directiva 2006/123/CE – Servicios en el mercado interior – Directiva 2000/31/CE – Directiva 98/34/CE – Servicios de la sociedad de la información – Servicio de intermediación para poner en contacto, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes y a cambio de una remuneración, a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean realizar desplazamientos urbanos – Requisito de autorización.#Asunto C-434/15.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de diciembre de 2017.Asociación Profesional Elite Taxi contra Uber Systems Spain, SL.Petición de decisión prejudicial del Juzgado Mercantil de Barcelona. Petición de decisión prejudicial – Artículo 56 TFUE – Artículo 58, apartado 1, TFUE – Servicios en el ámbito de los transportes – Directiva 2006/123/CE – Servicios en el mercado interior – Directiva 2000/31/CE – Directiva 98/34/CE – Servicios de la sociedad de la información – Servicio de intermediación para poner en contacto, mediante una aplicación de smartphone y a cambio de una remuneración, a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean realizar desplazamientos urbanos – Requisito de autorización.Asunto C-434/15.

Uber en españa 2021

Durante los dos últimos años, la política de transporte por radiofrecuencia en España ha estado envuelta en un conflicto entre el sector, los taxistas, el gobierno nacional, los gobiernos locales y las autoridades de la competencia. Las normas se han cambiado, cuestionado, revisado y devuelto, dejando un sistema fragmentado que no funciona bien para ninguna de las partes interesadas. Durante este periodo, hemos visto cómo las empresas se han visto obligadas a abandonar los principales mercados y cómo el malestar se ha extendido a las calles en forma de huelgas y protestas a veces violentas.
Lo que hay detrás de esta compleja y confusa situación es un acuerdo normativo que no satisface a nadie. Aunque los responsables políticos de España han tenido preocupaciones legítimas en todo momento, el enfoque de la regulación ha sido a menudo mal pensado, poco realista y, en algunos casos, excesivo. Aunque algunos aspectos del rechazo a las empresas tecnológicas disruptivas son de esperar, algunas respuestas reguladoras en España han parecido encaminadas a hacer casi imposible su existencia, en lugar de intentar incorporarlas al entorno normativo y a la economía existentes.

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Desde entonces, los taxistas españoles se han quejado de que los conductores rivales de las aplicaciones de viajes a domicilio -como Uber o Cabify, también conocidas como VTC (vehículos de turismo con conductor)- compiten de forma desleal, ya que no se enfrentan a las mismas regulaciones y costes. Los conductores madrileños iniciaron el lunes una huelga indefinida para protestar por la competencia de las VTC, siguiendo a sus colegas de Barcelona que comenzaron la huelga el viernes.
En septiembre, el Gobierno español dio a las empresas cuatro años de plazo para cumplir con la normativa, concediéndoles sólo una nueva licencia por cada 30 licencias de taxi. «No es justo que después de trabajar tantos años como lo hemos hecho, ahora nos quieran quitar de en medio», dijo el taxista Francisco Sánchez. «Ellos (los políticos y los servicios de «ride-hailing») están todos juntos en esto». Los taxistas de Barcelona están en huelga indefinida desde el viernes, cuando el gobierno catalán dio a conocer sus planes de regulación de las licencias VTC (vehículos de alquiler), que las aplicaciones de ride-hailing en España utilizan para operar. Las autoridades habían propuesto una norma de reserva anticipada de 15 minutos. El miércoles, los taxistas de Barcelona votarán el nuevo acuerdo y decidirán si ponen fin a la huelga. El martes por la noche, las empresas Uber y Cabify dijeron que considerarían la posibilidad de abandonar Barcelona si se impone la norma de reserva anticipada.

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En mayo de 2015, la Oficina de Impuestos de Australia (ATO) emitió una directiva en la que se establecía que los conductores que generaran ingresos a través de una empresa de viajes compartidos debían tener un número de empresa australiano y estar registrados para pagar el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST). Uber presentó una demanda ante el Tribunal Federal de Australia, argumentando que la emisión pública por parte de la ATO «se dirige injustamente a los conductores-socios de Uber»[10][11] En febrero de 2017, un juez falló a favor de la ATO, exigiendo a los conductores que se registren, recauden y paguen el GST[12] El fallo de la ATO anula la norma aplicada a otras pequeñas empresas australianas, que solo exige a las empresas con ingresos superiores a 75.000 dólares australianos que recauden y remitan el GST[13].
El 30 de abril de 2014, Transport for New South Wales aclaró que los servicios de las empresas de transporte compartido deben prestarse en un taxi o coche de alquiler con licencia, por un conductor debidamente acreditado[5]. En diciembre de 2014, el gobierno de Nueva Gales del Sur confirmó que en abril de 2014 realizó un registro sin previo aviso en las oficinas de Uber en Sídney[15].